Convocados a las urnas, en Toledo, más de 1.000 funcionarios

• Elecciones sindicales, el 9 de febrero, en la Administracion General del Estado. El censo electoral se ha reducido más de un 11% en lo últimos cuatro años, pasando de 1.301 personas a 1.157

• La AGE, que cuenta con 56 centros de trabajo en la provincia, está sustituyendo empleo público por empleo privado a base de “externalizaciones” de servicios, como por ejemplo ya ha ocurrido en Toledo en el Catastro y en la Confederación Hidrográfica y se quiere hacer en las prisiones de Ocaña I y II

Más de mil funcionarios de la Administración General del Estado en Toledo están llamados a elegir a sus representantes sindicales para los próximos cuatro años el 9 de febrero. El colectivo se ha reducido más de un 11% en lo últimos cuatro años, pasando de un censo electoral de 1.301 personas en la última convocatoria a 1.157 en la actualidad, indica Carmen Jiménez, responsable de sector AGE en la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-Toledo.

    Estos 1.157 funcionarios, que elegirán una Junta de Personal de 23 miembros, se reparten en los 56 centros de trabajo con los que cuenta la AGE en la provincia, de los que nueve pertenecen al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; tres al de Cultura; seis a Defensa; cuatro a Fomento; ocho a Interior; cuatro a Agricultura y Medio Ambiente; y veinte de Empleo y Seguridad Social.

    Para CCOO, explica Jiménez “los objetivos sindicales prioritarios para el próximo periodo en la AGE son la recuperación del empleo público frente a las privatizaciones, y la recuperación de los derechos robados en los últimos años”

     “Junto a ellos, y en estrecha relación, se encuentran aspectos tan importantes como el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Publico con la ley de Función Pública de la Administración General del Estado; la exigencia de la carrera profesional y la recuperación de nuestros salarios”

    Respecto a la defensa del empleo público, la representante de CCOO destaca que “hay que recuperar la plantilla perdida y retornar al ámbito de lo público numerosas parcelas de actuación en la Administración General del Estado que han sido privatizadas; como ya ha ocurrido por ejemplo en Toledo en el Catastro, en la Confederación Hidrográfica del Tajo; y como se quiere hacer en las prisiones de Ocaña I y II”.

    “Hay que frenar la creciente subcontratación con empresas privadas de servicios que venían prestando empleados públicos. Las externalizaciones no suponen ahorro en el gasto, al contrario; y lo que provocan es deterioro de la calidad de los servicios y precarización del empleo, junto con el lucro privado de las empresas beneficiadas con las adjudicaciones”

    Respecto a la recuperación de derechos, “un aspecto fundamental es la carrera profesional y la provisión de puestos. Es preciso definir un sistema que dé respuesta al derecho de promoción, a las necesidades de traslado del personal de forma real, transparente, justa y respetando los principios de acceso a la función pública”

    En cuanto al capítulo salarial, “tenemos que acabar con la permanente discriminación del personal de la Administración General del Estado en relación al resto de Administraciones. Ordenar el sistema de retribuciones complementarias y establecer un marco homogéneo e indudablemente, recuperar todo aquello que se nos arrebató”.

    Finalmente, CCOO quiere avanzar en “otros derechos: La aplicación de la jubilación parcial, la jornada de 35 horas y la mejora en su distribución, la recuperación de derechos ligados a la IT, un marco adecuado para la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, la protección de la salud…”